Ahora que determinados jueces y tribunales –como el Constitucional— están en entredicho en el mentidero político, reanudo la sesión para seguir con el enjuiciamiento de la Gracia y Justicia marbellense decimonónica. En esta pieza, durante el último cuarto del siglo. Como fundamentos de derecho y pruebas documentales, aportaré las halladas en la Gaceta de Madrid y demás periódicos de la época; amén de los archivos del ciberespacio y el testimonio de mi abuelo.
Recordareis de la pieza anterior que desde finales del verano de 1875 Juan Ricoy y Fraiz era el titular del juzgado de primera instancia de Marbella. Pues bien, en la primavera siguiente, tuvo el juez Ricoy que abordar la difícil tarea de averiguar las circunstancias del asesinato de un joven marbellero, José López Haro. El muchacho fue encontrado «de parte de madrugá» –que diría mi abuelo— con dieciocho puñaladas “y el arma homicida clavada en el pecho”. Las indagaciones decretadas por su señoría dieron frutos a las seis horas de perpetrado el vil asesinato. Sus autores, dos criminales también marbelleros, fueron capturados cuando reposaban tan tranquilos en su casa.
Por entonces, los jueces municipales –elegidos por un bienio— eran quienes sustituían a los de primera instancia e instrucción en determinadas situaciones. Así, por ejemplo, en el verano de 1876, durante la ausencia de Ricoy, el juez municipal Antonio Rosado y Campoy actuó como interino de primera instancia de Marbella. Él dictará la ejecutoria correspondiente a la causa por lesiones contra el joven jornalero José López Pacheco, alias «Cañavera», huido a la sierra. Se le daba quince días para que se presentase “en la cárcel pública” para cumplir la condena de un mes y un día de arresto mayor. Sesenta y seis años después –casualidades de la vida— otro miembro de la familia «Cañavera», el anarquista Miguel Sánchez López, sería uno de «Los últimos de Sierra Blanca» y su condena, la última pena.
La proclamación de la Constitución de 1876 no supuso cambio alguno respecto al nombramiento de los escribanos de actuaciones, por lo que siguieron designándose con carácter interino de acuerdo con un real decreto de julio de 1875. Como en nuestro juzgado solo estaba habilitado el marbellero José Galbeño Ruiz, en agosto de 1876 se nombraron dos nuevos escribanos actuarios: el letrado forastero Antonio Talavera y Sarriá, que no llegará a tomar posesión del cargo, y el abogado malagueño José Gutiérrez Burgos. Este, convertido en marbellense por matrimonio con Matilde Quijada Rosado que, aunque gaditana de nacimiento, era miembro de una rica y poderosa estirpe marbellera. Su abuelo y su tío habían sido alcaldes de la ciudad y ahora lo era su padre, Juan de Quijada y Fourrat –en otro tiempo azote de contrabandistas—. Además, su tío Antonio, juez de primera instancia cesante del partido de Estepona, era el juez municipal antes mencionado.
En la primavera de 1877 fue trasladado Juan Ricoy y no será hasta bien pasada la fiesta del patrono San Bernabé cuando el juzgado de primera instancia marbellí tuviese un nuevo titular, Francisco de Paula Renart y Golivart. También en la primavera de aquel año, el promotor fiscal, Antonio Martín Lara, se incorporó al juzgado de Álora. Aunque, fueron nombrados interinamente, primero, Antonio Espinar y Roa y, luego, Ricardo Fernández Prat, ninguno de los dos promotores llegó a tomar posesión. Finalmente, en noviembre del mismo año lo haría José Rodríguez Galdeano.
Con respecto a la escribanía que quedó sin cubrir –por Talavera—, a mediados de julio de 1877 tomo posesión de ella Ildefonso de la Torre Ruiz. Hasta entonces la había desempeñado interinamente el joven marbellero Antonio Amores Rodríguez, esposo de una sobrina del antiguo escribano Francisco Acosta Granados. Definitivamente, el licenciado Amores fue habilitado para el cargo de actuario en marzo del año siguiente.
Por resolución del Ministerio de Gracia y Justicia, en noviembre de 1877 el barcelonés Renart fue trasladado al juzgado de primera instancia de Belchite –hoy, el pueblo arruinado que más visitas turísticas recibe—. Su vacante la ocupará, a resultas, un juez ya conocido en la ciudad, Carlos Álvarez-Ossorio y Pizarro. Mientras este llegaba a Marbella, será el juez municipal Juan Ruiz Martín, un comerciante cuñado del propietario Francisco Cano Saldaña, quien se haga cargo del juzgado del partido. Treinta años después, será su hijo, Rafael Ruiz Marcelo, quien sirva el mismo destino.
El juez Carlos Álvarez-Ossorio –al que le abro relato separado— se marchará de Marbella para siempre a principios de septiembre de 1879. Su permanencia en el cargo coincidió con un vaivén continuo de los promotores fiscales. Fue trasladado Rodríguez Galdeano; regresó Antonio Martín, quien al mes, fue promovido a Lucena; se incorporó el aspirante al ministerio fiscal Pedro Higueras Sabater, que se marchará a Cazorla al mes y pico, y, por fin, tomará posesión Ricardo López de Vinuesa.
Aunque antes había sido electo Celso Romano Zugarrondo, la vacante dejada por don Carlos será cubierta por Paulino Segura é Hidalgo, al que sustituirá Juan Díez de la Cortina en marzo de 1881. Este no permaneció en el cargo ni tres meses. El día 9 de junio se le concederá la permuta con el juez de Archidona, Francisco Martínez Cantero, coíno por más señas. Se estableció en la Puerta del Mar. De nuevo el juez municipal, en este caso el del bienio anterior, José Torralba Cuesta –cuñado del antiguo escribano y notario Acosta Granados—, será quién actúe en su defecto.
Al año siguiente, en abril, Ricardo López de Vinuesa fue ascendido a la promotoría de Utrera. Su vacante la cubrió el 12 de junio, a petición propia, el promotor fiscal de Torrox, el linarense Miguel de Zavala y Escobar. Se instaló en una habitación de la fonda de Juan Sánchez Orfila, en el número 2 de la calle Estación.
En noviembre de 1882, le tocó al juez Martínez Cantero concluir el expediente, incoado seis años antes por el Gobierno Civil de la provincia, para la expropiación de los terrenos necesarios en la construcción de la carretera de segundo orden de Cádiz a Málaga, en el tramo comprendido entre Marbella y Fuengirola. El expediente tuvo que ser judicializado por la disconformidad de los propietarios más poderosos con el “aprecio hecho por el perito del Estado”. Entre otros, fueron indemnizados: Pero Artola, Jorge Ardois, Carlos Larios, Tomás Heredia, José Fernández-Correa, Francisco Rosado Campoy, Francisco Cano Saldaña y Tomás Domínguez Artola.
Poco después, a final de año, fue promovido Martínez Cantero a juez de ascenso y trasladado al juzgado de Andújar. El promotor Zavala, acogiéndose a una disposición transitoria de la Ley adicional a la Orgánica del Poder Judicial, solicitó la plaza vacante de juez de primera instancia de Marbella. Le fue concedida al iniciarse el año 1883. Para entonces ya estaba en vigor la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecía que los jueces de primera instancia fuesen los jueces instructores en las causas ajustadas al nuevo procedimiento. Para aplicar la nueva ley se crearon las audiencias de lo criminal, entre ellas la de Málaga que integraba los tribunales de los tres distritos de la capital: Alameda, Merced y Santo Domingo; así como los de Coín y Marbella.
En estos años el juez municipal que actuaba en funciones de primera instancia e instrucción durante las ausencias o incompatibilidades del juez Zavala era Ramón García Raya, uno de los apoyos del general José López Domínguez en la ciudad. Vocal de la Junta Provisional de Gobierno en 1868, concejal en 1877 y futuro alcalde.
La última actuación de Zavala en el partido de Marbella fue la requisitoria dictada al escribano Amores el 8 de enero de 1884. Iba dirigida a un joven malagueño procesado por el hurto de un pavo a la señora Elisa Martínez del Campo y Obregón, condesa viuda de San Isidro, en su finca de Fuengirola. El día anterior se había ordenado su traslado y el 14 el nombramiento del nuevo juez de instrucción, Segundo Achútegui y Gelos, que no tomaría posesión de su plaza hasta final de mes. El joven juez rondaba los 30 años y era riojano de Arnedo. Estaba soltero como su antecesor y ocupó la misma habitación de la fonda de Sánchez Orfila.
El 14 de agosto de 1884, un real decreto derogará el ya mencionado de julio de 1875 por el que se regulaba la provisión de las escribanías de actuaciones. Y, reconociendo la importancia de las funciones que en la Administración de Justicia “están llamados á desempeñar los Secretarios de los juzgados de instrucción”, se disponía que “estas plazas se provean siempre por oposición”. Esta norma, de momento, no afectó a Marbella, donde el trío Galbeño, Gutiérrez y Amores se había perpetuado al frente de las escribanías –secretarías— de su juzgado. Así, Antonio Amores permanecería en el cargo hasta su fallecimiento en 1908 en su casa de la calle Álamos. Sin embargo, José Galbeño, vecino de la calle Ancha, seguía en activo ese mismo año. Y José Gutiérrez Burgos, quien se había convertido en el señor de la Huerta Grande, permanecerá en el servicio, al menos, hasta julio de 1906.
Llevaba Achútegui poco más del año como juez instructor de Marbella cuando dictó requisitoria para la busca, captura y conducción á la cárcel del que había sido su alcaide y director desde 1881 hasta 1884, Juan Bautista Bell y Otal. Se le instruía causa por el “delito de infidelidad en la custodia de presos”, tras la fuga de Miguel Segovia Gómez –consta en mi «Crónica carcelaria»—. Después, mes y medio antes de dejar la ciudad, instruyó la causa criminal contra Pedro Navarro por haber matado a «facazos» al amante de su esposa, Antonio Cuadro, el 26 de julio de 1889, en la calle Nueva.
En 1886 el cargo de juez municipal lo desempeñaba un activo y longevo político local, Juan Fernández Belón –otras veces sería alcalde o concejal—. Era yerno del terrateniente Francisco Cano Saldaña y cuñado del alcalde que instaló «La última farola decimonónica»—, Amador Belón Pellizó. Sustituto del juez Achútegui en ausencia de este o cuando la instrucción lo requería. Por ejemplo, instruyó un sumario por el hurto a Juan Figueredo Ruiz de una chaqueta, un pantalón, un chaleco y unos botillos negros.
Fue don Segundo el primer titular del juzgado marbellí y su partido en superar los cinco años de permanencia en el cargo –cinco años, siete meses y diecinueve días duró su servicio—. El 19 de septiembre de 1889 fue promoviendo en el turno segundo al juzgado extremeño del partido de Castuera. Falleció el 1 de diciembre de 1916, “por súbita congestión”, siendo presidente de la Audiencia provincial de Sevilla.
Vicente Enrique Llopis y Miralles solicitó la vacante de Marbella y le fue concedida. Tenía 39 años y estaba soltero. Se instaló en el mismo juzgado, en la noble casa de la plazuela de San Bernabé. Antes de fin de año instruyó una causa criminal contra Francisco Santaella Márquez por el robo de once cajas de pasas. Luego, ya en el verano de 1890, su señoría dictó autos para la búsqueda de Encamada y Señorita. La primera colorada, con una nube en un ojo, corniabierta, herrada con P M, enlazadas en la nalga derecha. La otra de pelo un poco pardo rubio, corniapretada y con el mismo hierro de la anterior pero, confuso. Se trataba de dos vacas sustraídas de una hacienda de Ojén, propiedad de Pedro Morales de las Heras. No sé si aparecieron las reses pero, la fórmula con el nombre de las hierbas aromáticas que le daban aquel exquisito sabor a su afamado aguardiente nunca apareció. Era un secreto que solo él conocía –decía mi abuelo— y que, tan solo dos años más tarde, se llevó a la tumba.
Otro acontecimiento judicial de aquel verano fue el juicio del matador de Antonio Cuadro. A primera hora de la mañana del 9 de julio de 1890, la sección primera de la Audiencia de lo criminal de Málaga quedó constituida en Sala de Justicia de la Casa Consistorial “para evitar perjuicios y molestias a los señores Jurados” que tenían que juzgar a Pedro Navarro pero, ya lo conté en «Amor, fuga y muerte en Marbella».
A principios de febrero de 1891, en San Pedro Alcántara un incendio arrasó el almacén de comestibles que José Romero tenía en la calle de la Gasca –como ya relaté en «La Marbella que ardió»—. El activo e inteligente juez de instrucción, Llopis y Miralles, se trasladó al lugar del siniestro tan pronto como tuvo conocimiento del mismo. Le acompañaron el actuario Antonio Amores, el escribiente Andrés Moyano y el médico Juan Bautista de la Torre. Tras instruir el correspondiente sumario, dispuso el levantamiento de los dos cadáveres y su conducción al cementerio de la Colonia.
A finales de abril de 1893 Vicente Enrique Llopis se marchó para Cocentain (Alicante). Al mismo tiempo, del juzgado extremeño de Fregenal de la Sierra llegaría Manuel Ros y Pérez. Recién llegado se alojó en la sede judicial de la plazuela de San Bernabé, donde vivían, también, el alguacil Juan Ramos y el portero Juan Bousada, su suegro. Don Manuel era viudo y quizá no necesitaba nada más que una tranquila habitación. Se mudó a la casa de pupilos que regentaba Juan Sánchez Orfila, ahora al volver la esquina de la Estación, en el número 1 de la calle Pasaje.
En septiembre de 1893, se produjo en la calle Fortaleza lo que se conoció en toda España como «El crimen de Marbella». El joven abogado Emilio Morilla Pérez apuñaló con saña de una suegra, la respetable señora doña Carolina Penedo de Casado. Instruida la causa por el juez Ros y suprimidas las audiencias de lo criminal –por Real Decreto de 16 de julio de 1892—, en marzo de 1894 se celebró el juicio –por jurado— en la sección primera de la Audiencia de Málaga. Aunque el fiscal pidió la última pena para el matador, su amistad con Baco espantó a la Muerte –y también influirían los avales de su inteligente familia—. El tribunal de derecho le impuso diecisiete años de prisión –como conté en el «Otro paseo por el Hades de la Marbella decimonónica»—.
El 9 de marzo de 1896 tomó posesión como titular del juzgado de Marbella Félix Jiménez de la Plata y Ávila, licenciado en Derecho Civil y Canónico. Llevaba dos años y medio residiendo en la casa solariega de los Domínguez cuando se vio implicado en un “suceso misterioso” –según la prensa malagueña—. Un conflicto con la familia del primer teniente alcalde, Amador Belón, acabará por precipitar su salida de Marbella antes de finales de 1898. Merece la pena desvelar el misterio de lo ocurrido al juez Jiménez de la Plata en pieza separada.
El último juez de instrucción del partido de Marbella del siglo XIX y primero del XX fue José Risueño de la Hera. Permaneció en el cargo casi ocho años, hasta el otoño de 1906 que se trasladó a la vecina Estepona. Solamente referiré una de sus providencias, por la curiosa coincidencia. El día de los Santos Inocentes de aquel mismo año, dictó requisitoria de encarcelamiento del republicano y masón malagueño Ángel de la Rosa y Jiménez de la Plata, exagente ejecutivo de la zona de Marbella.
Así por esta mi sentencia, que se publica en el Blog de «El Viejo Pérez», doy por concluido el enjuiciamiento de la Gracia y Justicia marbellense decimonónica en el día de hoy, a finales del mes de febrero de 2024.
Contra ella podrá interponerse, potestativamente, recurso en el plazo que estimen oportuno los no conforme. Siempre y cuando aporten datos fehacientes en contra.
Historias y Leyendas del Viejo Pérez 
Otra interesante página con historia de Marbella y sus gentes. Gracias por facilitarnos estos conocimientos.
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