La locución latina DILLIJITE JUSTICIAM,QUI JUDICATIS TERRAM presidía la Sala de Justicia de la Casa Consistorial de Marbella. Fotografía: Portal Web oficial del Ayuntamiento de Marbella,www.marbella.es.
El 10 de marzo de 1873, con la República recién nacida, fue nombrado juez de primera instancia de Marbella y su partido don Carlos Álvarez-Ossorio y Pizarro. Un abogado, periodista, comediógrafo y poeta que, tras quedarse viudo, ingresó en la judicatura a finales de 1872 como juez de primera instancia del partido de Navalmoral de la Mata.
Don Carlos había nacido en Llerena (Badajoz), en el seno de una familia ilustrada cuya genealogía nos revela renombrados profesionales –al margen de la política—, no solo de la judicatura o la abogacía sino, también, de otras disciplinas como el periodismo, la arqueología, la arquitectura, la literatura o la medicina. Sin ir más lejos, su padre fue un médico-cirujano gaditano, profesor de odontología en la Universidad de Sevilla. Fue en esta universidad donde nuestro juez se licenció en Derecho, expidiéndosele el título de abogado el 18 de junio de 1857.
Después, sería redactor de la Gaceta Médico Forense, revista profesional dirigida y administrada, respectivamente, por sus hermanos Aníbal, médico como su padre –aunque ejerció más de periodista y como alto funcionario del Estado— y Florencio, abogado como él. En aquella revista especializada publicó en 1863 un artículo sobre los cementerios –leí en las «Notas sobre la Gaceta Médico Forense»—.
En febrero de 1864, cuando ya era un “conocido escritor público”, se le propuso la edición de un poemario de jóvenes autores titulado Álbum de la infancia. Ese mismo año nació el periódico liberal Crónica de Badajoz, adicto al republicanismo de Salmerón tras la revolución del 68 y que, en 1870, se convertirá en La Crónica. En ambas cabeceras los artículos y poesías firmados por Carlos A. Ossorio se hicieron habituales. Especialmente interesante sería el trabajo titulado «La cuestión de Propios», publicado en junio de 1869, donde se mostraba partidario “del reparto de bienes comunales” entre “la clase pueblo”, siempre “en ruinosa derrota”. En aquel año, don Carlos, ya era alcalde de la localidad pacense de Valencia de las Torres –había iniciado su trayectoria política en febrero de 1866 cuando fue nombrado consejero provincial supernumerario de Badajoz—.
En el verano de 1870, El Eco del Magisterio lo denunció por ejercer “muy mal su misión”. Lo acusó de jactarse de las penurias que padecían la maestra y su madre. Aquel periódico, defensor de los intereses del profesorado de Instrucción Primaria, lo consideró responsable del impago del salario a la profesora desde hacía cerca de nueve meses. No obstante, La Crónica, del que era amigo y colaborador, consideró falsas las acusaciones y lo defendió a capa y espada, afirmando que, “de cuyo amor por la enseñanza y sentimientos levantados, podemos nosotros salir garantes”.
A finales de aquel mismo año, El Imparcial, anunciaba la candidatura de Carlos Álvarez-Ossorio, “apoyado por el partido verdaderamente liberal de Llerena”, en las próximas elecciones para diputados provinciales. El periódico de los Gasset lo veía como “una garantía para los electores de aquel distrito” pedía “que le prestasen decididamente su apoyo”. Sin embargo, esta candidatura y “un excesivo selo en el cumplimiento de su deber” le acarreó la apertura de dos causas por parte del juez municipal de Valencia de las Torres, que hasta la segunda semana de agosto de 1871 estuvieron sub judice. Finalmente, ambas, fueron sobreseídas por el juez de primera instrucción de Llerena.
El juez Carlos Álvarez-Osorio llegaría a Marbella en la templada primavera, después de firmar el 21 de marzo de 1873 su última sentencia como juez de Navalmoral de la Mata. Tras su toma de posesión, sus actuaciones judiciales marbellíes se limitaron a procesos judiciales penales por delitos de bagatela: robos de dineros y, sobre todo, hurtos de animales; resultado de aquella sociedad empobrecida. Pero, a medida que la temperatura se hacía más veraniega, el clima revolucionario de los republicanos federales del partido judicial de Marbella también se fue calentando. De modo que, a principios de junio, los vecinos de Ojén “incendiaron, talaron y se repartieron” lo que ellos consideraban bienes comunales o de propios en poder “de un magnate”, Cayetano Rafael Ardois –lo conté en «Minas, negocios y Ardois»—.
Lo cierto es que la Guardia Civil intervino y la superioridad encargó al juez que procediera “con actividad, celo y energía contra los delincuentes, trasladando el juzgado al lugar de la ocurrencia”. El día 6, don Carlos, ya había abierto diligencias previas “en averiguación de los excesos contra la propiedad cometidos por algunos vecinos de Ojén en la dehesa de Sierra-Blanca”. Sin embargo, no fueron pocos ni cualesquiera los ojenetos que actuaron contra la hacienda de Ardois. Por lo que el juez, teórico adalid de «la cuestión de Propios», decidió pedir auxilio al Ministerio de la Guerra.
La mañana del sábado 7 de junio fondeó en la rada de Marbella el vapor de guerra Alerta con una compañía de voluntarios republicanos federales malagueños al mando de Miguel Carbonell. Los voluntarios movilizados se plantaron en Ojén esa misma noche. De inmediato, el capitán y sus cuatro oficiales se reunieron en la casa capitular con el alcalde, Gaspar Merino Zumaquero, los concejales y los oficiales de la milicia ojeneta. Se acordó dar vía libre al juez del partido para que pudiese constituir el juzgado en el pueblo y, allí, ejercer su ministerio. No obstante, al día siguiente, cuando Álvarez-Osorio se dirigía a Ojén, pasada la Cañada Murta –propiedad de Ardois también—, le salieron al paso unos desconocidos y le dijeron que si entraba en el pueblo, “lo iban á volar en pólvora”. Don Carlos tomó la determinación de volverse para Marbella, incoar sumario contra los líderes ojenetos y decretar su prisión. Mientras tanto el alcalde dispuso “elevar expediente gubernativo, para aclarar los hechos”.
El lunes 9 de junio los voluntarios malagueños custodiaron hasta Marbella al alcalde, los concejales y los oficiales de la milicia ciudadana de Ojén. A su llegada, el capitán Carbonell los puso a disposición de Álvarez-Osorio. Tras ellos llegaron más de dos mil personas “entre mujeres, hombres y niños” que rodearon la casa del juez –noticiaba un suelto de La Crónica amiga—, pidiendo la libertad de los presos y gritando: “¡quemar los autos y arrastrarle!”. Tras una larga reunión entre don Carlos y don Miguel, este no garantizó el traslado de los federales ojenetos desde el juzgado a la cárcel. El juez, que vio “comprometida su vida”, revocó el auto de prisión que había promovido “dejando en libertad a los nueve presuntos reos”. La alegría, el júbilo y el entusiasmo se hizo general, incluso entre los ciudadanos de Marbella. El Ayuntamiento de Ojén con el pueblo, acordó “dar un voto de gracia a los ciudadanos oficiales y fuerzas de voluntarios” de Málaga.
Tras finalizar las fiestas en honor de San Bernabé, Carlos Álvarez-Osorio dejó Marbella –no para siempre— con destino al juzgado asturiano de Belmonte.
A principios de julio, tuvo que ser el abogado esteponero Antonio Martín Lara, promotor fiscal de Marbella desde el 8 de abril de 1871, quien se desplace a Fuengirola para auxiliar a Segismundo del Moral Ceballo, juez del distrito de la Merced de Málaga. Este había sido nombrado juez especial para concluir la causa por sedición contra los revolucionarios ojenetos e incoar sumaria, por el mismo delito, contra los republicanos federales mijeños que también avivaron el fuego en su término municipal.
Cuatro años y medio después, en noviembre de 1877, quedó vacante la plaza de juez de primera instancia de Marbella. Por resolución del Ministerio de Gracia y Justicia, la ocupará de nuevo el juez Carlos Álvarez-Ossorio y Pizarro. Hasta entonces había sido juez de primera instancia de Bermillo de Sayago, un pueblo de Zamora. Poco antes de que don Carlos volviese a Marbella, en la imprenta y litografía zamorana de J. Gutiérrez, publicó un voluminoso tratado teórico-práctico de enjuiciamiento criminal titulado Práctica Forense Penal. Su objetivo era proporcionar a los jueces, fiscales y secretarios municipales, a los que consideraba poco aptos, “los conocimientos más indispensables” para cumplir “con acierto sus funciones” en los asuntos criminales. Por cierto, el modelo de «Declaración de rebeldía de un procesado» –inserto en la página 195— lo había diseñado en su estadía anterior en Marbella.
Aunque en 1878 tuvo abundantes e intensas actuaciones judiciales, su “ilustrada pluma” fue muy productiva, también en “la bella literatura”. De su quehacer profesional, destacaré la requisitoria de busca y captura de los ocho presos fugados de la cárcel del partido –asunto al que me referí en mi «Crónica carcelaria»—, el decreto de suspensión del primer teniente alcalde de Marbella, el comerciante Lucio Chapresto, acusado de contrabando y la incoación de una causa contra Cristóbal Montesinos del Río, secretario del juzgado municipal de Benahavís, por abandono de funciones públicas. En cuanto a sus trabajos editoriales, aquel año, en la imprenta malagueña de Párraga publicó una nueva obra jurídica, Guía forense municipal. Era otro tratado teórico-práctico escrito expresamente para los mismos funcionarios judiciales que el anterior. Después, en el verano, la Gaceta Judicial incluyó su proyecto de reforma de los juzgados municipales con la idea de crear “un Cuerpo de Aspirantes para la Judicatura municipal”. Y cerró el año con la publicación, en la imprenta malagueña del Centro Consultivo, de una comedia en tres actos, en verso, titulada Un proverbio. Con anterioridad había publicado, al menos, otras cuatro obras dramáticas: El tío Camama, Mate a la tercer jugada, Como el gallo de Morón y Del Norte a la Macarena.
Pese a que estuvo a punto de dejar Marbella en la primavera de 1878 para incorporarse a la legación de España en Constantinopla como «joven de lenguas», el nombramiento quedó sin efecto y permanecióa en nuestra ciudad hasta principios de septiembre de 1879, cuando se le concedió el traslado para el juzgado de Huelma. No obstante, antes, tuvo tiempo de dictar una última requisitoria para la busca, captura y remisión a la cárcel pública de ocho de los nueve ojenetos republicanos federales, a los que él mismo había incoado expediente procesal por sedición seis años antes: Gaspar Merino Zumaquero, Juan García Sánchez, Martín Lucas, Máximo Jiménez, Antonio Pacheco Navarro, Mateo Márquez Martín, Pedro García Fernández y Fernando Zumaquero García. Sin embargo, a su señoría también le esperaba un procesamiento.
Ya en la primavera de 1880, el gobernador civil de Zamora buscaba al juez Álvarez-Ossorio “por abusos cometidos en el ejercicio de su cargo” para su ingreso en la prisión de Bermillo de Sayago. Y es que resulta que durante los meses de agosto y septiembre de 1877 el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid anunció, en repetidas ocasiones, la venta del libro de procedimientos judiciales escrito por el juez. Su precio era de 6,50 pesetas en la península, 12 en Canarias y 15 en ultramar. También, a principios de octubre, la sección bibliográfica de la Gaceta del Ministerio Fiscal, fundada por su hermano Florencio, incluyó su reseña. Tal vez, las ventas no fueron las esperadas. Así que, don Carlos dirigió circulares a los jueces, fiscales y secretarios municipales del partido de Bermillo de Sayago, “llamándoles á la capital para asuntos del servicio”. Aunque, en realidad el asunto era particular, ya que tras la presentación de su Práctica Forense Penal en Zamora, les obligó a comprar la obra, por 30 reales el ejemplar, “conminándoles con multas, amenazándoles y ofreciéndoles, si no la compraban, tratarles con gran rigor”. Por ello, se le abrió causa y la sentenció la Audiencia de Valladolid. Fue condenado como autor de coacción, con la circunstancia agravante de abusar de su situación jerárquica y jurisdiccional. Finalmente, recurrió en casación, “negando que el hecho constituyera tal delito, faltando la violencia ó fuerza material” pero, el Tribunal Supremo declaró “no haber lugar al recurso” –consta en la Sentencia de 26 de noviembre de 1895—.
En mayo de 1893, junto al marqués de Iscar, será uno de los fundadores del Círculo de Dos Hermanas. Un mes después sería designado para desempeñar el cargo de juez municipal de aquella localidad sevillana. Pero, para entonces, Carlos Álvarez-Ossorio y Pizarro había sido condenado a la pena de seis años de inhabilitación temporal especial para ejercer la profesión de abogado y dado de baja en el escalafón de jueces de entrada. Además estaba reclamado por los tribunales de justicia vallisoletanos, al parecer, por el delito de tentativa de cohecho. Argumento que esgrimió en las Cortes el diputado conservador Lorenzo Domínguez Pascual, para pedir el 20 de junio de 1893 al ministro de Gracia y Justicia que evitase su toma de posesión. Unos días más tarde, a principios de julio, su nombramiento fue anulado.
Retirado de la carrera judicial, siguió escribiendo hasta sus últimos días. Así, por ejemplo, en enero de 1899 se publicó en la imprenta madrileña de R. Velasco la obra de teatro original de Zalíuge, Mesa revuelta. Poutpourri en verso, escrita expresamente para el actor Juan Antonio de Eguílaz, donde la semblanza del actor, a modo de prólogo, corrió a cargo de Carlos A. Ossorio.
El que fuese juez de primera instancia de la Marbella decimonónica y su partido durante dos años escasos –en dos períodos—, don Carlos Álvarez-Osorio y Pizarro, conoció el siglo XX. Falleció antes de noviembre de 1907, ya que para entonces, su viuda, Ana Murcio y González, ya era pensionista del Montepío de Oficinas.
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Carlos Álvarez-Ossorio y Pizarro, juez de primera instancia de Marbella y su partido
Historias y Leyendas del Viejo Pérez 